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11 agosto, 2015
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El Congreso estadounidense quiere proceder en contra del boicot contra Israel, poniéndole fin no solamente en EE.UU., sino también en el mundo.

Washington, D.C. – El boicot contra el Estado de Israel que fue proclamado por la organización internacional BDS (Boycott, Divestment and Sanctions, en español Boicot, Desposeimiento y Sanciones), y que ahora está causando sensación en EE.UU. y en Europa, se encuentra con la primera resistencia importante. El congreso estadounidense está deliberando sobre proyectos de ley para marcar un alto a este tsunami antisemita.

La iniciativa más importante se remonta a un proyecto de ley presentado por el diputado republicano de la Casa de Representantes Peter Roskam. El político proveniente de Illinois desea imponer una proscripción contra países, organizaciones internacionales, y empresas que boicoteen a Israel por motivos políticos. La ley llega al punto de querer prohibir “una penalización, una restricción comercial, una discriminación o una sanción” que tengan que ver con “mercaderías, instituciones culturales y/o instituciones académicas israelíes”. A toda empresa que quiera ser negociada en las bolsas estadounidenses, se le quiere comprometer, mediante declaración, a no boicotear a Israel. Además, el gobierno debe poder denunciar a toda empresa involucrada en un proceso jurídico, en EE.UU. o con conexiones con los bancos estadounidenses, si las mismas no estuvieran dispuestas a presentar voluntariamente una declaración de no-boicot.

A este proyecto de ley de Roskam se unió otra iniciativa republicana, con el objetivo de restringir las actividades de la organización BDS en EE.UU. Bajo el lema “Boicot a nuestros enemigos, no a Israel”, dos diputados entregaron el proyecto correspondiente. En el caso de estos políticos republicanos, se trata de Dough Lamborn, de Colorado, y Ron Desantis, que ocupa el cargo por Florida. Este proyecto de ley prevé que ningún contrato de una institución federal de EE.UU. puede ser realizado con corporaciones, instituciones o empresas que participen de la manera que sea – activa o pasivamente – en el boicot contra Israel. Según declaraciones de estos dos políticos, de este modo desean evitar que “las organizaciones palestinas ejerzan presión sobre empresas y otras corporaciones”.

Ambos proyectos de ley son de suma importancia y no serían “leyes de gaveta”, sino que pondrían a las autoridades estadounidenses en la máxima obligación de actuar, en comparación con los más recientes acontecimientos en Europa, donde han comenzado los esfuerzos por rotular todos los productos que provengan de las “regiones ocupadas”. A este esfuerzo se han unido 16 de los 28 ministros del exterior de los países miembros de la UE. Se puede partir de la base que, en caso de ser aceptados los proyectos de ley estadounidenses, muchas grandes empresas se negarán a cooperar con un decreto europeo de ese tipo. Esto también se aplicaría sobre todo a instituciones universitarias de EE.UU. que reciben incentivos de los estados federales y del gobierno federal, pero que también cooperan con muchas empresas.

Esta parece ser una dirección de empuje especialmente importante, ya que especialmente en las instituciones académicas de EE.UU., el boicot a Israel hace mucho ya que es parte del “buen tono”. Como recientemente se informó que los estudiantes de las instituciones académicas estadounidenses están con la esperanza de recibir una inyección financiera del gobierno de no menos de 1,1 billones de dólares, Israel también puede tener esperanzas en vista de proyectos de ley de ese tipo.

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